Irresponsabilidad y crisis hipotecaria (Luis Mochón López, en La Opinión de Granada, 4 de junio de 2009) 

Luis Mochón ananaliza dos cuestiones de interés ligadas a la "gran crisis". La primera es la irreponsabilidad de los agentes financieros y la propuesta limitación de responsabilidad personal, para que la garantía de los préstamos sea únicamente la hipoteca. La segunda se refiere a las medidas para fomentar la inversión procedente de paraisos fiscales en deuda pública española, garantizando la opacidad fiscal, lo que recuerda experiencias de otros tiempos. Reproducimos su artículo:  

 "Recientemente han salido ala luz pública una serie de iniciativas motivadas por la actual crisis. Por un lado, el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Madrid, a instancia de IU con el apoyo del PP, pretende que las personas que han solicitado un préstamo hipotecario no respondan con todos sus bienes presentes y futuros (como establece el Código Civil), sino sólo con el bien hipotecado. Por otro lado, el Gobierno de España está reformando la normativa a fin de favorecer que el dinero situado en paraísos fiscales se invierta en deuda pública española.
La actual situación tiene su origen en la crisis de las hipotecas subprime en USA. Es una cuestión ya conocida, lo que exime de un mayor análisis. Interesa resaltar que la principal causa ha sido la avaricia y la falta de responsabilidad de los agentes financieros. Esta conclusión debe ser tenida en cuenta, ya que pone de manifiesto que las soluciones no pueden venir por la vía de extender supuestos de irresponsabilidad.
Empezando por la primera de las medidas reseñadas, hay que reconocer que, limitar la responsabilidad al bien hipotecado, supone un importante alivio económico para las personas hipotecadas, lo que hace a la medida muy “popular”. Esta situación es la que existe, por ejemplo, en Estado Unidos y entronca con la crisis de 1929.
Sin embargo, no puede perderse de vista que una medida de este tipo tiene gran incidencia en la percepción social de la responsabilidad, que se vería mermada. Esta regulación, unida a la burbuja inmobiliaria, ha fomentado la actuación poco meditada de los agentes financieros en USA, que no han estado interesados en seleccionar personas solventes, ya que, en definitiva, la única garantía del préstamo es el inmueble hipotecado ha originado una situación de falta de ética motivada por una despersonalización, ya que se ha otorgado mayor valor a los inmuebles que a las personas. Desde esta perspectiva, parece correcta la actual regulación española que proclama la responsabilidad general de las personas. Al mismo tiempo, se establece que, cuando esas personas no puedan atender sus compromisos económicos, podrán entrar en situación de concurso (suspensión de pagos), en la que se buscará la solución más satisfactoria a sus intereses ya los de sus acreedores. Es decir, es una situación más ética, al atender a las personas y no a los bienes.
Por su parte, Zapatero (el Gobierno de España) está reformando la legislación con el objetivo de eliminar las obligaciones de retención y de información sobre las inversiones en deuda pública española, cuando proceden de paraísos fiscales. Lo que se pretende es financiar el importante déficit público que se ha generado con las medidas anticrisis aprobadas. Para ello se requiere atraer dinero, especialmente capital extranjero, que se encuentra en gran parte en paraísos fiscales. A este fin, se aprueban medidas atractivas (garantizar la opacidad fiscal y el no pago de tributos) que se traducen en favorecer el fraude fiscal.
Con ello se está incentivando la irresponsabilidad fiscal de estos “paraísos”. Curiosamente, ésta es también otra de las causas concurrentes de la actual crisis (lo que explica la lucha que Sarkozy ha liderado contra ellos). Y es que la ingeniería financiera se fijó en que los intereses de los préstamos subprime eran muy elevados y que éstos constituían, por tanto, una inversión interesante. A través de diversos mecanismos financieros (entre otros, los hegde funds) ha resultado que el capital depositado en los paraísos fiscales se ha invertido en títulos sobre hipotecas subprime. A su vez, ha acontecido que las instituciones financieras “respetables” también han invertido en esos instrumentos domiciliados en paraísos fiscales.
En este contexto, el impago de una hipoteca suprime ha sido equivalente a la caída de la primera carta de un castillo de naipes y se ha trasladado al conjunto de las entidades financieras (quiebra en cadena de instrumentos sobre hipotecas subprime, de hegde funds y de bancos). Esta situación, además, se ha visto acrecentada por la opacidad informativa de los paraísos fiscales, que ha favorecido la creación de un clima de desconfianza entre las entidades financieras y el colapso del sistema de préstamo interbancario y, por contagio, de toda la economía.
Todo esto pone de manifiesto que favorecer los paraísos fiscales y, con ellos, el fraude fiscal, además de ser poco ético, no supone ninguna solución a una crisis. En este sentido, ha de recordarse que el gobierno del PSOE de los años 80 también justificó la opacidad fiscal de ciertas inversiones en deuda pública y aquel invento acabó fracasando.
 En definitiva, la crisis actual no puede combatirse con medidas que fomenten la irresponsabilidad, ya que ésta es una de las causas de ella. Al contrario, han de adoptarse medidas que propicien la actuación responsable de todos los agentes que intervienen en el ciclo económico. Y a través de esas medidas responsables es como puede conseguirse que los valores éticos (cuya ausencia es otra de las causas de esta crisis) puedan penetrar en la económica. No puede perderse de vista que los fallos de responsabilidad de la Administración USA con sus ciudadanos (ausencia de un sistema público de pensiones y de sanidad) también se encuentran en el origen de esta crisis (ya que los ciudadanos requieren inversiones a largo plazo con las que suplir esa ausencia y de ello se han aprovechado los agentes financieros).
En definitiva, un rearme ético de la sociedad, como el que se apuesta desde aquí, permitirá a esos agentes (y, especialmente a las entidades financieras) que adecuen su actuación, no sólo a los dictados de un mercado salvaje, sino a los de una sociedad solidaria y responsable, permitiendo buscar soluciones verdaderas y efectivas.
 
Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario.
Miembro del Comité Provincial de Granada de Unión Progreso y Democracia (UPyD).