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20.05.2012

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El estado de la Justicia en España: manifiesto de los mil quinientos

 El estado de la Justicia en España: manifiesto de los mil quinientos

El manifiesto de la “plataforma por la despolitización y la independencia judicial” no es ya un documento suscrito por un pequeño grupo de jueces que han querido elevar su voz frente a la politización y descrédito  de la Justicia en España. Son ya 1.500 jueces los que han firmado el manifiesto, fechado el 13 de enero de 2010,  advirtiendo que lo hacen por encima de sus plurales diferencias ideológicas y concreta vinculación o no a cualquiera de las cinco asociaciones judiciales existentes (APM, FV, JD, FJI y ANJ). Comienzan los firmantes señalando que no pueden ni deben demorar por más tiempo unirse “para denunciar públicamente el desmesurado grado de politización y pérdida de independencia en que se encuentra sumido el PODER JUDICIAL en nuestro país”. 

El principio de este proceso de deterioro, se achaca a la Ley Orgánica del Poder

Judicial de 1985, que “procedió a desposeer a los jueces y magistrados de su originario derecho a elegir a 12 de los 21 miembros integrantes del CGPJ (derecho que ya venían efectivamente ejerciendo conforme a su precedente Ley Orgánica de 1980) transfiriendo íntegramente al parlamento la elección de todos ellos”. La reflexión que se hace sobre este particular es que el poder político, “que por su propia genética siempre ha dado sobradas muestras históricas de su incontenible afán expansivo y dominador, consiguió derribar el principal muro de protección constitucional de esa independencia judicial”.

Por eso insiste el manifiesto en subrayar la existencia de un “proceso de contaminación política y ocupación progresiva del espacio judicial que desde 1985 inició el poder político dominante y que aún no se ha detenido ni alcanzado sus últimos objetivos”. El poder político, dice el manifiesto, “fiel una vez más a su insaciable afán por controlar a su controlador, lejos de respetar esas advertencias y condiciones del TC procedió a renovar los sucesivos consejos judiciales en clave política”. Afirman los firmantes del manifiesto que los “nocivos efectos de este degradado uso partidista del nuevo sistema no se hicieron esperar”: rápidamente fueron quedando impregnadas del mismo tinte político las más relevantes decisiones del CGPJ, “lo que trajo consigo las más nefastas y lesivas consecuencias para la independencia judicial en su sentido más pleno y constitucional del término y, al propio tiempo, un progresivo descrédito y desconfianza de los ciudadanos en la Justicia como último baluarte del Estado de Derecho”.

Si no se reacciona pronto, lo que está en juego, según los firmantes, es la Democracia misma y el sistema de división de poderes diseñado en nuestra Constitución.

La Plataforma pretende “un gran PACTO DE ESTADO que asuma el compromiso de restituir al poder judicial y a cada uno de sus titulares la independencia y la dignidad que la Constitución les reconoce”.

Además de denunciar la falta de “inquietud por mejorar de manera efectiva la penuria de medios personales y materiales”, entre los objetivos de la plataforma se encuentran la elección democrática de todos los órganos de gobierno interno del poder judicial; el mantenimiento en poder de los jueces de de sus funciones estrictamente jurisdiccionales, competencias jurisdiccionales que “deberán guardar siempre una nítida separación con las funciones procesales no jurisdiccionales de los secretarios judiciales”; la elaboración de una nueva planta judicial conforme a la media europea de 20 jueces/100.000 habitantes, en lugar de los 10/100.000 actuales; la inversión en justicia conforme a la media europea del 3,5% del presupuesto, en lugar de 1% actual; la aprobación de un nuevo estatuto judicial y la independencia económica, con unas retribuciones adecuadas.

   
 
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